Tuesday, March 25, 2008

Usted tiene derecho a llamar a su cónsul, seriously

Hoy la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió que "el presidente George W. Bush se extralimitó en su autoridad al ordenar que los gobiernos estatales, en este caso Texas, reabran los casos de mexicanos condenados a muerte aunque la administración Bush quisiera cumplir con un fallo del Tribunal Internacional de La Haya", según una nota que podrán leer completa mañana en el diario La Opinión.

Bush, que durante su mandato como gobernador del estado de la estrella solitaria aprobó 152 ejecuciones, se puso en este caso del lado de José Ernesto Medellín, quien fue condenado a muerte en octubre de 1994 por la violación y asesinato de dos adolescentes ocurrido en Houston junio de 1993.

Durante todo su proceso legal, Medellín nunca fue informado sobre sus derechos consulares, por lo que las autoridades estadounidenses violaron, en su caso, la Convención de Viena de 1963 que establece que toda persona que sea arrestada en el extranjero tiene derecho a contactar a las autoridades consulares de su país. La Corte Internacional de Justicia, tras una demanda interpuesta por el gobierno de México, estableció que Medellín y otros 50 mexicanos condenados a muerte deberían recibir nuevas audiencias para determinar si esta violación a sus derechos afectó el desarrollo de los juicios que terminaron encontrándolos culpables (want to read this story in English? Click here to see what The New York Times ran).

Dos expertos que consulté hoy para una nota sobre la decisión de la Suprema Corte que se publicará este viernes en Rumbo, me dijeron que, más allá de las consecuencias que ésta tendrá en la imagen de EEUU ante el mundo, el caso Medellín ha ayudado a aumentar el nivel de concientización sobre los derechos consulares en el sistema legal estadounidense.

Por mi parte, sólo me gustaría agregar que toda persona que viva fuera de su país y cuyo estado sea firmante de la Convención de Viena, debe saber que tiene derecho a llamar a su consulado si es detenido. Las autoridades del país extranjero-aun si son firmantes de la Convención de Viena--no están obligadas a hacérselo saber, pero sí están obligadas a facilitar el contacto con las autoridades consulares si el detenido lo exige.

¿Has tenido alguna experiencia desagradable en este sentido?

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